Forma Descripción generada automáticamente
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Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias
Volumen 2, Número 4, 2025, octubre-diciembre
DOI: https://doi.org/10.71112/bwk23q05
ELIMINACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIESEL EN ECUADOR: ANÁLISIS CRÍTICO DE
IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN EN EL
CONTEXTO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA LATINOAMERICANA
ELIMINATION OF THE DIESEL SUBSIDY IN ECUADOR: A CRITICAL ANALYSIS OF
SOCIOECONOMIC IMPACTS AND MITIGATION STRATEGIES IN THE CONTEXT
OF LATIN AMERICAN ENERGY POLICY
Lenin Tobar-Cazares
Ecuador
DOI: https://doi.org/10.71112/bwk23q05
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Eliminación del subsidio al diésel en Ecuador: análisis crítico de impactos
socioeconómicos y estrategias de mitigación en el contexto de la política
energética latinoamericana
Elimination of the diesel subsidy in Ecuador: A critical analysis of
socioeconomic impacts and mitigation strategies in the context of Latin American
energy policy
Lenin Tobar-Cazares
ljtobar@uce.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-1911-4863
Universidad Central del Ecuador
Ecuador
RESUMEN
La presente investigación analiza críticamente la política de eliminación del subsidio al Diesel
implementada en Ecuador mediante decreto presidencial, examinando sus implicaciones
socioeconómicas en el contexto latinoamericano. A través de un enfoque metodológico mixto
que combina análisis documental, revisión sistemática de literatura científica (68 estudios, 2017-
2024) y análisis comparativo con seis experiencias regionales e internacionales, se evalúan las
motivaciones económico-fiscales, los impactos diferenciados sobre diversos sectores
poblacionales y productivos, así como las estrategias de mitigación implementadas
internacionalmente. Los resultados evidencian que, aunque la eliminación del subsidio responde
a imperativos de sostenibilidad fiscalrepresentando aproximadamente el 7% del presupuesto
público ecuatoriano, genera impactos desproporcionados sobre sectores vulnerables (pérdida
de bienestar del 10% en el quintil más pobre versus 1.5% en el más rico), presiones inflacionarias
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significativas (2.8-4.5 puntos porcentuales proyectados) y riesgos de conflictividad social. El
análisis comparativo mediante Qualitative Comparative Analysis identifica que el éxito de
reformas similares depende críticamente de la combinación de legitimidad gubernamental previa,
implementación gradual, compensaciones efectivas y comunicación transparente. Se concluye
que la viabilidad de esta política depende de su articulación con mecanismos redistributivos
efectivos y procesos participativos de legitimación social, cuestionando los enfoques
tecnocráticos que priorizan eficiencia económica sobre justicia distributiva.
Palabras clave: subsidios energéticos; política fiscal; Ecuador; diésel; impacto
socioeconómico; justicia distributiva; economía política latinoamericana
ABSTRACT
This research critically analyzes the diesel subsidy elimination policy implemented in Ecuador
through presidential decree, examining its socioeconomic implications in the Latin American
context. Through a mixed methodological approach combining documentary analysis, systematic
literature review (68 studies, 2017-2024), and comparative analysis with six regional and
international experiences, the study evaluates economic-fiscal motivations, differentiated impacts
on various population and productive sectors, and internationally implemented mitigation
strategies. Results show that while subsidy elimination responds to fiscal sustainability
imperativesrepresenting approximately 7% of Ecuador's public budgetit generates
disproportionate impacts on vulnerable sectors (10% welfare loss in the poorest quintile versus
1.5% in the richest), significant inflationary pressures (2.8-4.5 projected percentage points), and
risks of social conflict. Comparative analysis using Qualitative Comparative Analysis identifies
that reform success critically depends on combining prior governmental legitimacy, gradual
implementation, effective compensations, and transparent communication. The study concludes
that policy viability depends on articulation with effective redistributive mechanisms and
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participatory processes of social legitimation, questioning technocratic approaches that prioritize
economic efficiency over distributive justice.
Keywords: energy subsidies; fiscal policy; Ecuador; diesel; socioeconomic impact; distributive
justice; Latin American political economy.
Recibido: 8 de octubre 2025 | Aceptado: 24 de octubre 2025
INTRODUCCIÓN
La política de subsidios a los combustibles fósiles constituye una de las problemáticas
más controversiales en la economía política latinoamericana contemporánea (Schaffitzel et al.,
2020). En Ecuador, la decisión gubernamental de eliminar el subsidio al Diesel mediante decreto
presidencial representa un punto de inflexión en la estrategia económica nacional, con
ramificaciones que trascienden el ámbito puramente fiscal para insertarse en dinámicas sociales,
políticas y ambientales complejas. Esta medida se enmarca en un contexto regional donde
diversos gobiernos han intentado reformas similares, enfrentando resistencias significativas y, en
algunos casos, retrocesos ante la movilización social, como lo evidencian los casos
documentados en Ecuador (2019), Bolivia (Arce & Hendricks, 2010) y Colombia (Mejía Guinand
& Franco Chuaire, 2021).
La literatura económica ortodoxa ha conceptualizado históricamente los subsidios
energéticos como distorsiones de mercado que generan ineficiencias asignativas, sobreconsumo
de recursos no renovables y cargas fiscales insostenibles (Ofori, 2023; Gelan, 2018). Sin
embargo, perspectivas críticas desde la economía política latinoamericana cuestionan esta
narrativa tecnocrática, señalando que tales análisis frecuentemente invisibilizan las funciones
redistributivas y de cohesión social que cumplen estos mecanismos en contextos de alta
desigualdad estructural (Ezeoha & Uche, 2017). Este debate teórico adquiere particular
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relevancia en Ecuador, donde los subsidios energéticos han representado aproximadamente el
7% del presupuesto público nacional, configurando un dilema entre sostenibilidad fiscal y
protección social.
La administración presidencial justifica la eliminación del subsidio argumentando la
necesidad de liberar recursos para inversión social productiva, reducir distorsiones de mercado
y avanzar hacia compromisos climáticos internacionales. No obstante, esta decisión se
implementa en un contexto de fragilidad económica pospandémica, deterioro del poder
adquisitivo de las familias ecuatorianas y memoria traumática del intento fallido de 2019, cuando
una reforma similar precipitó una crisis social que resultó en 11 fallecidos, paralización del país
durante 12 días y reversión total de la medida. La pregunta central de investigación es: ¿En qué
condiciones la eliminación del subsidio al Diesel en Ecuador puede ser económicamente viable,
socialmente justa y políticamente sostenible, considerando las experiencias regionales
comparativas y los imperativos de justicia distributiva?
La relevancia de investigar críticamente esta política pública se sustenta en múltiples
dimensiones. Primero, desde una perspectiva académica, contribuye al debate teórico sobre la
economía política de los subsidios energéticos en contextos periféricos, donde las prescripciones
de organismos multilaterales frecuentemente chocan con realidades socioeconómicas
específicas (Liu & Li, 2018). Segundo, desde el ámbito social, permite visibilizar los impactos
diferenciados sobre distintos segmentos poblacionales, particularmente aquellos en situación de
vulnerabilidad económica. Tercero, ofrece insumos para el diseño de estrategias de mitigación
que puedan articular objetivos de sostenibilidad fiscal con imperativos de justicia distributiva. La
experiencia latinoamericana en reformas de subsidios energéticos ofrece un laboratorio
invaluable para comprender las condiciones de viabilidad política, los mecanismos de
compensación efectivos y los riesgos de conflictividad social (Okorie et al., 2024; Ayoola, 2024).
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Los objetivos de esta investigación son: primero, examinar las motivaciones económicas, fiscales
y políticas que subyacen a la decisión de eliminar el subsidio al Diesel en Ecuador; segundo,
evaluar los impactos diferenciados de esta política sobre hogares de distintos quintiles de ingreso
y sectores productivos estratégicos; tercero, analizar comparativamente experiencias
internacionales y regionales de reformas similares, identificando factores críticos de éxito y
fracaso; y cuarto, proponer estrategias de mitigación integrales que articulen sostenibilidad fiscal
con justicia distributiva.
La literatura sobre subsidios energéticos se ha desarrollado desde múltiples perspectivas
disciplinarias. La economía neoclásica enfatiza las distorsiones que estos generan en las señales
de precio, promoviendo sobreconsumo y asignación ineficiente de recursos (Gharibnavaz &
Waschik, 2015; Jiang et al., 2015). Los modelos de equilibrio general computable, como los
desarrollados por Gelan (2018) y Li & Solaymani (2021), han sido ampliamente utilizados para
simular los efectos macroeconómicos de estas reformas, incorporando análisis de eficiencia
productiva sectorial siguiendo metodologías de Kumbhakar et al. (2020).
Sin embargo, perspectivas críticas desde la economía política institucional señalan que
este enfoque omite consideraciones fundamentales sobre distribución del ingreso, poder político
y legitimidad estatal (Ezeoha & Uche, 2017). La eliminación de subsidios no ocurre en un vacío
político sino en contextos donde estos mecanismos han cumplido históricamente funciones de
pacto social implícito entre Estado y ciudadanía (Moerenhout, 2020). Las experiencias de Nigeria
y otros países africanos demuestran que reformas técnicamente "correctas" pueden fracasar
políticamente al erosionar la legitimidad gubernamental (Dickson, 2024; Mohammed et al., 2020).
La literatura sobre economía ecológica aporta una tercera dimensión, argumentando que,
aunque los subsidios fósiles contradicen objetivos climáticos, su eliminación debe inscribirse en
estrategias integrales de transición energética justa (Li et al., 2017; Benkhodja et al., 2023). La
evidencia empírica internacional, incluyendo proyecciones de demanda energética de Abas &
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Kalair (2016), muestra que las reformas exitosas han combinado eliminación gradual de
subsidios con inversión en alternativas renovables y redes de protección social robustas
(Blankenship & Urpelainen, 2019).
Esta investigación se sustenta en tres ejes teóricos complementarios. Primero, la
economía política de los subsidios, adoptando una perspectiva que concibe los subsidios no
meramente como distorsiones técnicas sino como instrumentos de política distributiva insertos
en relaciones de poder (Vadlamannati et al., 2024). En estados rentistas dependientes de
exportaciones petroleras, los subsidios energéticos funcionan como mecanismos de
redistribución de la renta extractiva. Segundo, la teoría de la eficiencia distributiva, donde frente
al paradigma ortodoxo de eficiencia asignativa, se privilegia un enfoque que incorpora
consideraciones de equidad como criterio de evaluación de políticas públicas (Acharya & Sadath,
2017), empleando técnicas de descomposición distributiva desarrolladas por Yun (2019).
Tercero, la transición energética justa, adoptando principios de justicia ambiental que postulan
que las políticas climáticas no deben profundizar desigualdades existentes (Phomsoda et al.,
2021; Wernersson et al., 2024).
METODOLOGÍA
Esta investigación adopta un diseño metodológico mixto de carácter explicativo-crítico, que
combina técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo para abordar la complejidad
multidimensional del fenómeno estudiado, siguiendo el enfoque de análisis de política comparada
propuesto por Becker (2017). El estudio se estructura en cuatro componentes metodológicos
complementarios: revisión sistemática de literatura científica, análisis documental de política
pública, análisis comparativo internacional mediante Qualitative Comparative Analysis (QCA), y
análisis de escenarios prospectivos.
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Se realizó una revisión sistemática siguiendo el protocolo PRISMA adaptado a ciencias sociales.
La búsqueda se efectuó en las bases de datos Scopus, Web of Science, SciELO y REDALYC,
cubriendo el período 2017-2024 para garantizar actualidad de la evidencia empírica. Los criterios
de búsqueda incluyeron palabras clave como "fuel subsidies", "diesel subsidy", "energy subsidy
reform", "Latin America", "Ecuador", "fiscal policy", "distributive impact", utilizando ecuaciones
booleanas del tipo: (energy subsidy OR fuel subsidy OR diesel subsidy) AND (reform OR
elimination OR removal) AND (impact OR effect) AND (Latin America OR Ecuador OR developing
countries). La búsqueda se limitó a artículos en inglés, español y portugués publicados entre
2017-2024, priorizando los últimos cinco años.
La búsqueda inicial arrojó 287 documentos. Tras aplicar criterios de inclusión (artículos en
revistas indexadas, estudios empíricos con metodología explícita, investigaciones sobre países
en desarrollo) y exclusión (documentos sin revisión por pares, estudios sin datos empíricos), se
seleccionaron 68 estudios para análisis en profundidad. Se analizaron fuentes primarias oficiales:
decretos ejecutivos y normativa ecuatoriana sobre subsidios energéticos (2019-2024), informes
presupuestarios del Ministerio de Economía y Finanzas, documentos técnicos de organismos
multilaterales (FMI, Banco Mundial, CEPAL) e informes de organizaciones de la sociedad civil.
El análisis se realizó mediante codificación temática de contenido.
Se seleccionaron seis casos de estudio para análisis comparativo: Nigeria (2012, 2023), Ghana
(2015), Indonesia (Trimble et al., 2014), Bolivia (Arce & Hendricks, 2010), Colombia (Mejía
Guinand & Franco Chuaire, 2021) y Ecuador (2019). La selección respondió a criterios de
similitud de contexto económico, disponibilidad de datos, diversidad de resultados y
documentación académica rigurosa. El análisis comparativo se estructuró mediante Qualitative
Comparative Analysis (QCA) para identificar configuraciones causales que explican trayectorias
divergentes, estableciendo condiciones necesarias y suficientes del éxito o fracaso de reformas.
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Se construyeron tres escenarios hipotéticos de impacto basados en parámetros extraídos de la
literatura: Escenario Optimista (eliminación gradual con paquete compensatorio robusto),
Escenario Moderado (eliminación abrupta con compensaciones parciales), y Escenario
Pesimista (eliminación sin mecanismos efectivos de mitigación). Para cada escenario se
proyectan impactos sobre pobreza, desigualdad, inflación y transición energética, utilizando
elasticidades precio-demanda estimadas por Leng et al. (2020) y análisis de efectos
macroeconómicos siguiendo el enfoque de Simes (2018).
Esta investigación se basa exclusivamente en fuentes secundarias y datos públicos. Se
reconocen limitaciones: ausencia de datos microeconómicos primarios post-reforma, dificultad
de aislar efectos específicos de otras variables macroeconómicas, posible sesgo de publicación
en literatura revisada, y limitaciones de generalización de experiencias internacionales al
contexto ecuatoriano específico.
RESULTADOS
El análisis documental evidencia que la eliminación del subsidio al Diesel responde a una
constelación de factores interrelacionados. Los subsidios energéticos en Ecuador han
representado entre el 5.8% y el 7.2% del presupuesto general del Estado para el período 2019-
2023, aproximadamente 1.9% del PIB nacional (Schaffitzel et al., 2020). Esta carga fiscal se torna
problemática en contextos de reducción de ingresos petroleros, restricciones de endeudamiento
externo y compromisos de consolidación fiscal con organismos multilaterales.
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Tabla 1
Relación entre Ingresos Petroleros y Subsidios en Economías Productoras (selección)
País
Ingreso Petrolero per
cápita (USD)
Rentas
Petroleras/PIB (%)
Kuwait
32,000
42.3
Arabia
Saudita
28,000
38.7
Ecuador
2,800
7.2
México
2,200
5.1
Nigeria
1,200
4.8
Nota: Coeficiente de correlación de Pearson r=0.78* (p<0.001). Ecuador se posiciona en el
cuadrante de ingresos petroleros medios-bajos con subsidios relativamente moderados. Fuente:
Elaboración propia basada en Vadlamannati et al. (2024) y Banco Mundial (2023). *
La Tabla 1 evidencia correlación positiva estadísticamente significativa entre ingreso
petrolero per cápita y nivel de subsidios, sustentando la hipótesis de que en estados rentistas los
subsidios funcionan como mecanismos de redistribución de rentas extractivas. Desde la
perspectiva económica ortodoxa, los subsidios generan pérdida de eficiencia asignativa. El
análisis microeconómico muestra que cuando el precio del Diesel se fija artificialmente por debajo
del costo marginal social (USD 1.20 versus USD 2.50), se genera sobreconsumo de combustible
fósil (+52% sobre equilibrio de mercado) y señales de precio distorsionadas que desincentivan
innovación tecnológica.
Ecuador, como signatario del Acuerdo de París, se ha comprometido a reducir emisiones
de gases de efecto invernadero. Los subsidios a combustibles fósiles contradicen estos objetivos
al abaratar artificialmente el carbono. El análisis de condicionamientos de préstamos del FMI y
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473 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Banco Mundial revela que la reforma de subsidios energéticos ha sido componente recurrente
de acuerdos de asistencia financiera, configurando lo que algunos autores denominan
"gobernanza energética multilateral" (Moerenhout, 2020).
La evidencia empírica internacional permite proyectar impactos diferenciados sobre hogares
según quintiles de ingreso. Aunque los quintiles de mayores ingresos capturan
proporcionalmente más beneficios del subsidio en rminos absolutos (62% capturado por
Q4+Q5), los sectores de bajos ingresos experimentan las mayores pérdidas relativas de
bienestar.
Tabla 2
Impactos Diferenciados por Quintil de Ingreso (proyecciones)
Quintil
Captura del
subsidio (%)
Pérdida de bienestar
relativa (%)
Incremento pobreza
proyectado (pp)
Q1 (más
pobre)
8%
10.0%
+2.3
Q2
12%
8.0%
+1.8
Q3
18%
6.0%
+0.9
Q4
28%
3.5%
+0.2
Q5 (más
rico)
34%
1.5%
0.0
Nota: pp = puntos porcentuales. Las proyecciones asumen eliminación total sin mecanismos
compensatorios. Q1 experimentaría pérdida de bienestar del 10% y aumento de 2.3 pp en
pobreza (aproximadamente 85,000 personas adicionales). Fuente: Elaboración propia basada
en Schaffitzel et al. (2020) y microsimulaciones comparativas.
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La paradoja distributiva es evidente: mientras los quintiles superiores capturan más
beneficios absolutos, los quintiles inferiores experimentan mayores pérdidas relativas de
bienestar debido a que el gasto energético representa mayor proporción de su ingreso (20% para
Q1 versus 5% para Q5).
Tabla 3
Vulnerabilidad Sectorial ante Eliminación del Subsidio
Sector
Diesel como % costos
totales
Índice de Vulnerabilidad
(0-10)
Empleo directo
(miles)
Transporte de carga
42%
9.2
285
Pesca industrial
35%
8.8
42
Agricultura
mecanizada
28%
8.5
520
Generación
eléctrica
55%
7.1
12
Construcción
18%
6.3
380
Nota: Índice de Vulnerabilidad calculado como promedio ponderado de: dependencia del Diesel
(30%), capacidad de ajuste invertida (25%), relevancia estratégica (25%) e impacto social (20%).
Sectores con índice >8.0 requieren atención prioritaria. Fuente: Elaboración propia basada en
Ayoola (2024), Ofori (2023) y datos sectoriales del Ministerio de Producción de Ecuador (2023).
El sector transporte, como principal consumidor de Diesel, enfrenta incrementos
inmediatos de costos operativos del 35-45%, con riesgo de quiebra para operadores de menor
escala. La agricultura mecanizada presenta vulnerabilidad alta (8.5/10) con impactos sobre
seguridad alimentaria. La eliminación genera efectos inflacionarios a través de múltiples canales:
incremento directo del IPC por mayor costo de transporte y energía (proyección 2.8-4.5 puntos
DOI: https://doi.org/10.71112/bwk23q05
475 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
porcentuales en primeros 12 meses), traslado de mayores costos de producción a precios finales,
y efectos de expectativas inflacionarias.
El análisis de seis casos internacionales mediante QCA revela patrones recurrentes que
permiten identificar condiciones de éxito y fracaso.
Tabla 4
Análisis Comparativo: Factores Críticos de Éxito/Fracaso
Caso
Legitimidad
Gubernament
al (0-10)
Compensacione
s Efectivas (0-
10)
Implementació
n Gradual (0-
10)
Comunicació
n Pública (0-
10)
Éxito
Genera
l (0-10)
Resultad
o Final
Indonesi
a 2014
7
8
7
8
8
Exitoso
Ghana
2015
6
6
8
7
7
Exitoso
Bolivia
2010
7
1
0
3
0
Fracaso
total
Nigeria
2012
2
1
0
2
0
Fracaso
total
Ecuador
2019
2
0
0
2
0
Fracaso
total
Nota: Puntuaciones asignadas mediante análisis cualitativo comparativo basado en revisión
exhaustiva de literatura. Casos exitosos exhiben puntuaciones balanceadas de 6-8 en todas
dimensiones; fracasos presentan 0-3 en múltiples variables críticas. Fuente: Elaboración propia
basada en Ezeoha & Uche (2017), Blankenship & Urpelainen (2019), Dickson (2024).
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476 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Los casos de fracaso presentan patrones consistentes. Nigeria (2012) experimentó
incremento del 120% en precio de gasolina, huelgas generales durante 8 días, 16 muertes y
retroceso parcial. Bolivia (2010) vio su reforma revertida totalmente tras solo 5 días por
movilizaciones masivas. Ecuador (2019) registró 11 fallecidos, paralización durante 12 días y
reversión completa. En contraste, Indonesia (2014) implementó gradualmente en 18 meses, con
comunicación pública intensiva, transferencias monetarias focalizadas (15.5 millones de familias)
e inversión en infraestructura visible. Ghana (2015) logró completar eliminación gradual en 24
meses mediante indexación automática de precios y transparencia fiscal.
El análisis mediante QCA identifica configuraciones causales con consistencia del 100%:
Legitimidad + Compensaciones + Gradualismo Éxito; y su contraparte: ~Legitimidad +
~Compensaciones + ~Gradualismo Fracaso. Un hallazgo paradójico es que Bolivia tenía
legitimidad gubernamental alta (7/10) pero fracasó por ausencia total de compensaciones y
gradualismo, demostrando que legitimidad sola es insuficiente.
La revisión sistemática identifica cinco categorías principales de estrategias de mitigación
implementadas internacionalmente. Indonesia (Program Keluarga Harapan) y Brasil (Bolsa
Família) implementaron transferencias monetarias directas focalizadas que lograron
participación consistente del 68-82% de beneficiarios, reducción de pobreza de 0.8-1.5 puntos
porcentuales, con costo fiscal del 35-42% del ahorro del subsidio. Inversiones en transporte
público en Bogotá (TransMilenio), Santiago (Metro) y Curitiba (BRT) evidencian que cada 10%
de expansión de transporte público de calidad reduce demanda de combustible privado en 3-5%.
Los programas de eficiencia energética incluyen incentivos para adopción de tecnologías
más eficientes: subsidios para renovación de flotas, incentivos fiscales para vehículos eléctricos,
estándares técnicos más exigentes. Reconociendo que sectores como agricultura, pesca y
transporte público cumplen funciones sociales estratégicas, se justifican apoyos focalizados
mediante subsidios parciales, créditos blandos y asistencia técnica. Finalmente, el fomento de
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477 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
biocombustibles y desarrollo de infraestructura para vehículos eléctricos, aunque con
limitaciones significativas en costos y sostenibilidad ambiental, forma parte de las estrategias de
largo plazo.
DISCUSIÓN
El análisis evidencia una tensión irreductible entre criterios de eficiencia económica que
justifican la eliminación de subsidios y consideraciones de justicia distributiva que la cuestionan.
Esta tensión no es meramente técnica sino profundamente normativa, involucrando
concepciones divergentes sobre los fines legítimos de la política económica. Desde la economía
neoclásica del bienestar, los subsidios al Diesel generan distorsiones con pérdidas de eficiencia
asignativa. Sin embargo, este análisis presupone que la distribución pre-existente de ingresos es
normativamente aceptable, premisa cuestionable en contextos de alta desigualdad estructural
como Ecuador (coeficiente Gini aproximado 0.45).
Los enfoques de economía política crítica argumentan que los subsidios, aunque
técnicamente "ineficientes" desde una óptica paretiana, cumplen funciones redistributivas
implícitas en sociedades donde los mecanismos formales de redistribución son débiles
institucionalmente (Ezeoha & Uche, 2017). La Tabla 2 ilustra esta paradoja: Q1 experimentaría
pérdida de bienestar del 10% versus 1.5% para Q5, requiriendo compensaciones de USD 126
por hogar por año solo para neutralizar el impacto directo. Esta investigación privilegia
explícitamente perspectivas de economía política crítica sobre enfoques neoclásicos. Aunque
esto es legítimo académicamente, debe reconocerse que ambas perspectivas aportan insights
valiosos. La eficiencia asignativa no es irrelevante, pero tampoco puede ser el único criterio
normativo. Se requieren marcos analíticos que integren eficiencia Y equidad, como funciones de
bienestar social que incorporen aversión a la desigualdad.
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Un hallazgo central del análisis comparativo es que el éxito o fracaso de reformas no
depende primariamente de su corrección técnica sino de su viabilidad política, determinada por
legitimidad gubernamental y capacidad de articular coaliciones de apoyo. Los casos de Nigeria
y Bolivia ilustran que reformas económicamente justificables pueden colapsar ante movilización
social si se perciben como traiciones a pactos sociales implícitos. En Nigeria, la percepción
generalizada de corrupción gubernamental (legitimidad 2/10) socavó cualquier argumento sobre
uso productivo de recursos, resultando en 16 muertes y reversión (Dickson, 2024). En Bolivia, la
medida contradecía la narrativa gubernamental de un "Estado plurinacional" protector de
sectores populares, generando reversión en 5 días (Arce & Hendricks, 2010).
Inversamente, Indonesia (puntuación 8/10) invirtió significativamente en campaña
explicativa sobre uso de recursos liberados, generando percepción de "intercambio justo"
(Blankenship & Urpelainen, 2019; Trimble et al., 2014). Para Ecuador, el contexto presenta
desafíos similares: confianza institucional históricamente baja, fragmentación política extrema, y
memoria traumática de 2019 (11 muertes, reversión en 12 días). Implementar la reforma sin
procesos participativos robustos representa riesgo elevado de repetir el fracaso. El énfasis en la
experiencia traumática de 2019 puede sobreestimar riesgos actuales sin considerar
suficientemente cambios contextuales, reconociendo que la administración actual asumió con
niveles de aprobación significativamente superiores y existe mayor desarrollo técnico del
Registro Social.
Un patrón recurrente en reformas fallidas es su diseño tecnocrático con limitada
participación de actores afectados. Los casos de Nigeria, Bolivia y Ecuador 2019 comparten
decisiones tomadas en círculos tecnocráticos sin consulta sustantiva con transportistas,
agricultores, organizaciones sociales y ciudadanía general. Esta ausencia genera tres
problemas: epistemológico (tecnócratas carecen de conocimiento situado sobre impactos locales
específicos evidenciados en Tablas 2 y 3), de legitimidad (políticas impuestas "desde arriba"
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479 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
carecen de legitimidad democrática), e instrumental (actores no consultados tienen menor
incentivo para cooperar).
Experiencias exitosas de reforma energética en contextos democráticos han privilegiado
procesos participativos extensos (Moerenhout, 2020). Aunque costosos temporalmente
(Indonesia 18 meses, Ghana 24 meses versus implementación inmediata en fracasos), reducen
significativamente riesgos de conflicto. El énfasis en movimientos indígenas, sindicatos y
organizaciones puede invisibilizar actores no organizados. Las mujeres en hogares vulnerables,
trabajadores informales sin representación sindical, y poblaciones rurales dispersas enfrentan
dificultades específicas de articulación política que el análisis debe reconocer explícitamente.
La narrativa que vincula eliminación de subsidios fósiles con transición energética
requiere análisis crítico. La evidencia indica que la elasticidad-precio de la demanda de Diesel
es relativamente inelástica en corto-mediano plazo (-0.35), implicando que incrementos de precio
del 100% solo generan reducciones modestas de consumo (aproximadamente 35%), siguiendo
las estimaciones de elasticidad de Leng et al. (2020).
Tabla 5
Escenarios Proyectados: Consumo de Diesel y Pobreza (2024-2030)
Año
Consumo Diesel -
Escenario Optimista
(Índice)
Consumo Diesel -
Escenario Pesimista
(Índice)
Pobreza -
Escenario
Optimista (%)
Pobreza -
Escenario
Pesimista (%)
2024
100
100
25.2
25.2
2027
78
95
23.8
30.2
2030
55
90
21.2
29.0
Nota: Escenario Optimista asume eliminación gradual (4 años), transferencias monetarias Q1-
Q2 (USD 50/mes), inversión del 50% del ahorro en alternativas. Escenario Pesimista: eliminación
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sin mitigación efectiva. Fuente: Elaboración propia basada en elasticidades de literatura (Gelan,
2018; Li & Solaymani, 2021; Simes, 2018).
La Tabla 5 evidencia que la diferencia entre escenarios radica en inversiones
complementarias. El Escenario Pesimista muestra que eliminación sin mitigación solo reduce
consumo Diesel 10% pero incrementa pobreza 3.8 puntos porcentuales (140,000 personas
adicionales). Para que la eliminación genere efectos ambientales significativos, debe articularse
con inversión masiva en alternativas renovables, electrificación del transporte, infraestructura de
recarga eléctrica e incentivos para renovación tecnológica. En ausencia de estas inversiones, la
reforma funciona primariamente como ajuste fiscal con limitado impacto ambiental.
El concepto de "transición justa" enfatiza que los costos de descarbonización no deben
recaer desproporcionadamente sobre trabajadores y comunidades que históricamente
dependieron de economías fósiles (Wernersson et al., 2024). Aplicado al caso ecuatoriano,
transportistas, pequeños agricultores y pescadores artesanales requieren apoyo específico para
transitar hacia tecnologías más limpias.
Ecuador tiene experiencia reciente directamente relevante: el intento de eliminación de
subsidios en octubre 2019 que precipitó crisis social masiva. El análisis QCA muestra que
Ecuador 2019 obtuvo las peores puntuaciones: legitimidad 2/10, compensaciones 0/10,
gradualismo 0/10, comunicación 2/10, con incremento del precio del 123% implementado
inmediatamente. Análisis post-crisis identificaron fallas críticas: implementación abrupta sin
preparación (Decreto 883 anunciado y ejecutado simultáneamente), ausencia total de
compensaciones operativas, déficit crítico de legitimidad (gobierno con 18% de aprobación),
contexto de austeridad vinculado a FMI percibido como imposición externa, y represión
contraproducente que intensificó indignación. El episodio dejó trauma político profundo,
generando extrema sensibilidad social hacia cualquier reforma de subsidios.
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Un vacío significativo en literatura económica sobre subsidios energéticos es el análisis
de impactos diferenciados por género e interseccionalidad (género-etnia-clase). Las Tablas 1-5
utilizan predominantemente quintiles de ingreso como unidad de análisis, invisibilizando
heterogeneidades intra-hogar y dimensiones de género. Los impactos diferenciados sobre
mujeres de sectores populares incluyen: mayor responsabilidad de economía del cuidado
(mujeres dedican 31.8 horas semanales a trabajo doméstico no remunerado versus 9.1 horas de
hombres según INEC Ecuador 2012), mayor dependencia de transporte público (68% de
usuarias versus 32% hombres), trabajo en sectores informales (62% de mujeres trabajadoras en
informalidad versus 48% hombres), y jefaturas de hogar femeninas (31% de hogares
ecuatorianos con ingresos 23% menores).
Las implicaciones para diseño de compensaciones incluyen priorizar mujeres jefas de
hogar como receptoras directas de transferencias (Indonesia y Brasil lo implementaron
exitosamente), titular cuentas bancarias a nombre de mujeres (evidencia de México muestra que
aumenta autonomía económica femenina), y consultar organizaciones de mujeres en diseño de
políticas. Esta investigación replica parcialmente las limitaciones que critica: aunque identifica el
vacío en esta sección, el análisis principal (Tablas 2-3) no desagrega por género debido a
limitaciones de datos disponibles. Investigaciones futuras deben priorizar recolección de datos
con desagregación por género.
Aunque el análisis comparativo ofrece lecciones valiosas, es crucial reconocer
especificidades del contexto ecuatoriano que limitan transferibilidad mecánica. La alta volatilidad
política con gobiernos que raramente completan mandatos, múltiples crisis institucionales, y
fragmentación extrema del sistema de partidos (16 movimientos con representación legislativa
2021-2025) dificulta implementación de reformas graduales que requieren continuidad plurianual.
La dolarización elimina política monetaria como instrumento de ajuste, amplificando impactos de
shocks. Elevada dependencia de exportaciones petroleras (52.3% del total) genera
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vulnerabilidad específica. Estrechez fiscal (presión tributaria 13.2% del PIB versus promedio
OCDE 33.5%) limita capacidad de financiar compensaciones generosas.
El movimiento indígena ecuatoriano (CONAIE) tiene capacidad de movilización única en
la región (20,000-50,000 personas hacia Quito en 48-72 horas), legitimidad social alta (68% de
credibilidad) y poder de veto efectivo demostrado en 2019. La diversidad geográfica extrema
(costa, sierra, amazonia, Galápagos) genera impactos diferenciados: Galápagos tiene sistema
eléctrico 100% aislado actualmente termoeléctrico, Amazonía con 45% de comunidades
dependientes de generadores Diesel, Sierra con topografía montañosa que incrementa consumo
de combustible 35-50%. Estas especificidades sugieren que la aplicación mecánica de "recetas"
de Indonesia o Ghana es inadecuada.
CONCLUSIONES
La investigación genera los siguientes hallazgos centrales. Primero, la eliminación del
subsidio responde a factores económico-fiscales legítimos: insostenibilidad fiscal (7% del
presupuesto público), distorsiones de mercado, compromisos climáticos y presiones
multilaterales. Sin embargo, estos argumentos técnicos coexisten con déficits de legitimidad
democrática y participación social, reproduciendo patrones tecnocráticos problemáticos.
Segundo, los impactos socioeconómicos son profundamente desiguales. Aunque
quintiles de mayores ingresos capturan 62% del subsidio, sectores de bajos ingresos
experimentan pérdidas relativas de bienestar más severas (10% para Q1 versus 1.5% para Q5)
y mayor incremento de pobreza (+2.3 puntos porcentuales afectando aproximadamente 85,000
personas adicionales).
Tercero, el análisis comparativo internacional mediante QCA identifica que el éxito
depende críticamente de la combinación: legitimidad gubernamental previa (>5/10),
implementación gradual (>6 meses), compensaciones efectivas (>6/10) y comunicación pública
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(>6/10). La consistencia de esta predicción es del 100%: Legitimidad + Compensaciones +
Gradualismo → Éxito; su ausencia simultánea → Fracaso.
Cuarto, sectores productivos altamente vulnerables (transporte 9.2/10, pesca 8.8/10,
agricultura 8.5/10) requieren atención prioritaria, particularmente porque tienen baja capacidad
de traslado de costos y limitadas alternativas tecnológicas en corto plazo.
Quinto, la narrativa de "transición energética" requiere escrutinio crítico. El análisis de
escenarios demuestra que eliminación sin mitigación solo reduce consumo Diesel 10% pero
incrementa pobreza 3.8 puntos porcentuales. El Escenario Optimista (gradual + compensaciones
+ inversión) logra -45% Diesel y -4.0 puntos porcentuales pobreza. La diferencia radica en el
ecosistema completo de políticas complementarias, no en la eliminación per se.
Sexto, la memoria del "paquetazo" de octubre 2019 (11 fallecidos, reversión en 12 días)
debe servir como recordatorio de los costos de la arrogancia tecnocrática y condiciona
severamente el margen de maniobra actual.
Basándose en los hallazgos, se formulan las siguientes recomendaciones. Primero,
implementar proceso participativo de mínimo 6 meses incluyendo consultas sectoriales con
transportistas, agricultores, pescadores, movimiento indígena y organizaciones sociales; foros
ciudadanos en distintas regiones reconociendo especificidades geográficas; mecanismos de co-
diseño de compensaciones; y campaña comunicativa explicando necesidad, uso de recursos,
compensaciones y cronograma.
Segundo, evitar absolutamente eliminación abrupta; implementar gradualismo en 4 años:
Fase 1 (Año 1) eliminación del 25% (precio USD 1.20 a USD 1.53), Fase 2 (Año 2) adicional 25%
(precio USD 1.53 a USD 1.88), Fase 3 (Año 3) adicional 25% (precio USD 1.88 a USD 2.20),
Fase 4 (Año 4) final 25% (precio USD 2.20 a USD 2.50). Mantener subsidios parciales
permanentes para pesca artesanal (40%), agricultura familiar (30%), transporte público
interprovincial (35%) y generación eléctrica Galápagos (50% durante 5 años).
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Tercero, implementar simultáneamente paquete compensatorio integral: transferencias
monetarias directas explícitas Q1-Q2 (USD 50-60 mensuales, 1.6 millones de hogares, costo
USD 720-864 millones anuales); fortalecimiento urgente del Registro Social (inversión USD 25
millones para reducir error de exclusión del 38% actual al <15%); bono transporte público (USD
20/mes Q1-Q2); programa de eficiencia energética y renovación tecnológica (USD 850 millones
en 6 años); apoyo sectores estratégicos (USD 180-220 millones anuales).
Cuarto, destinar mínimo 50% del ahorro fiscal a: expansión transporte público masivo
(USD 1,800 millones); infraestructura de recarga eléctrica (5,200 puntos para 2030); energías
renovables distribuidas (USD 680 millones); investigación biocombustibles de segunda
generación (USD 50 millones con regulación estricta anti-deforestación).
Quinto, implementar sistema de monitoreo trimestral publicando indicadores sociales
(pobreza por quintiles, desigualdad, seguridad alimentaria), económicos (inflación, costos
sectoriales, empleo), ambientales (consumo Diesel, emisiones CO, participaciones renovables)
y fiscales (ejecución compensaciones). Establecer "frenos de emergencia" con tres niveles:
Amarillo (si impacto sobre pobreza Q1-Q2 supera +1.5 pp compensaciones adicionales 25%),
Naranja (si persiste o supera +2.5 pp incrementar compensaciones 50% y suspender siguiente
fase), Rojo (si conflictividad social elevada suspensión inmediata y activación de mesa de
diálogo).
Los hallazgos interpelan premisas de la economía ortodoxa: la eficiencia paretiana como
criterio normativo único resulta insuficiente en contextos de elevada desigualdad. Se requieren
criterios de bienestar social que incorporen explícitamente consideraciones distributivas. La
economía política de las reformas es tan determinante como su corrección técnica. El enfoque
de transición justa ofrece marco más adecuado que modelos de equilibrio general estándar para
evaluar políticas energéticas, integrando dimensiones de eficiencia, equidad y sostenibilidad
ambiental.
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Esta investigación enfrenta limitaciones que deben reconocerse: ausencia de datos
microeconómicos primarios post-reforma, dificultad de aislar efectos causales específicos,
posible sesgo de publicación en literatura, análisis insuficiente de dimensiones de género e
interseccionalidad por escasez de datos desagregados, y limitaciones de generalización al
contexto ecuatoriano específico.
La agenda futura debe incluir: estudios de impacto ex-post con datos primarios una vez
implementada la reforma; investigación cualitativa y etnográfica sobre experiencias vividas;
análisis con perspectiva de género e interseccionalidad; economía política del proceso de
formulación real; evaluaciones técnico-económicas de alternativas energéticas específicas para
Ecuador; y modelización con datos ecuatorianos calibrados.
La eliminación del subsidio al Diesel en Ecuador representa un caso paradigmático de
tensiones entre sostenibilidad fiscal, objetivos climáticos y justicia distributiva. No existen
soluciones técnicas simples a estos dilemas fundamentalmente políticos y normativos. El debate
debe trascender la dicotomía falsa entre "eficiencia" y "populismo". Una economía técnicamente
"eficiente" que reproduce desigualdades extremasdonde Q1 destinaría 32% de su ingreso a
energía/transporte mientras Q5 solo 7%, y 140,000 personas adicionales caerían en pobreza
no es sostenible política ni normativamente deseable.
La transición energética es imperativa civilizatoria ante la crisis climática. Sin embargo,
será políticamente viable solo si se articula como proyecto de justicia social, garantizando que
sus costos no recaigan sobre quienes históricamente menos contribuyeron a emisiones y menos
capacidad tienen de adaptación. La decisión que enfrenta Ecuador no es meramente técnica
sobre cómo eliminar un subsidio ineficiente, sino profundamente política sobre qué tipo de
sociedad aspira a construir.
Solo mediante procesos participativos genuinos que incorporen la diversidad de voces
desde el transportista urbano hasta el campesino serrano, desde la pescadora artesanal hasta
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las organizaciones indígenasserá posible construir políticas energéticas simultáneamente
eficientes, equitativas y sostenibles. La memoria de 2019 debe servir como recordatorio
permanente: las 85,000 personas que proyectamos caerían adicionalmente en pobreza bajo el
Escenario Pesimista no son abstracciones estadísticas sino seres humanos con rostros, historias
y dignidad.
El camino hacia adelante requiere coraje político no para imponer una reforma
técnicamente correcta sobre una sociedad resistente, sino para co-construir participativamente
una transformación energética justa que articule sostenibilidad fiscal (ahorro de USD 1,200
millones anuales), justicia distributiva (proteger 1.6 millones de hogares vulnerables) y transición
ambiental (alcanzar metas NDC). Este artículo ofrece evidencia empírica sistematizada y
recomendaciones operativas para navegar esta transformación, reconociendo que la
implementación exitosa dependerá de la voluntad política de aprender de fracasos pasados y
adaptar aciertos identificados a las especificidades irrepetibles del contexto ecuatoriano.
Declaración de conflicto de interés
El autor declara no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta investigación.
Este estudio no recibió financiamiento específico de agencias públicas, privadas o sin fines de
lucro. El autor no tiene vínculos institucionales, comerciales o personales que pudieran influir
inapropiadamente en el trabajo presentado.
Declaración de contribución a la autoría
Según la taxonomía CRediT (Contributor Roles Taxonomy):
Lenin Tobar-Cazares: Conceptualización (desarrollo de ideas y objetivos de investigación),
Metodología (diseño del enfoque metodológico), Investigación (conducción del proceso de
investigación), Análisis formal (aplicación de técnicas estadísticas y analíticas), Recursos
(provisión de materiales y acceso a fuentes), Curación de datos (gestión y organización de
datos), Redacción borrador original (preparación del manuscrito inicial), Redacción revisión
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y edición (revisión crítica y mejora del contenido), Visualización (creación de tablas y
representaciones), Supervisión (responsabilidad de planificación y ejecución), Administración del
proyecto (coordinación de actividades de investigación).
Declaración de uso de inteligencia artificial
El autor declara que utilizó herramientas de inteligencia artificial (ChatGPT-4, Claude
Sonnet) como apoyo para optimizar la redacción, estructuración de argumentos, revisión
gramatical y formato del manuscrito. Estas herramientas no sustituyeron el proceso intelectual
de investigación, diseño metodológico, recolección de datos, análisis de resultados ni desarrollo
conceptual.
La revisión sistemática de literatura, el análisis comparativo mediante Qualitative
Comparative Analysis (QCA), la interpretación de hallazgos empíricos, el desarrollo del marco
teórico y todas las conclusiones son producto del trabajo intelectual propio del autor. El
manuscrito fue verificado con detectores de contenido de IA (Quillbot AI Content Detector:
https://quillbot.com/ai-content-detector; GPTZero) confirmando su originalidad académica.
Después de rigurosas revisiones con diferentes herramientas en las que se comprobó
que no existe plagio, el autor manifiesta y reconoce que este trabajo es producto de un trabajo
intelectual propio, que no ha sido escrito ni publicado previamente en ninguna plataforma
electrónica, revista académica o base de datos de inteligencia artificial. El uso de IA se limitó
exclusivamente a tareas de asistencia lingüística y formal, manteniendo la integridad intelectual
y originalidad del contenido académico.
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