Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias
Volumen 3, Número 4, 2026, octubre-diciembre
DOI: https://doi.org/10.71112/jq877p98
FINANCIAMIENTO VERDE, CRÉDITO AGRÍCOLA Y CAMBIO CLIMÁTICO:
CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTORES DE VERAGUAS, PANAMÁ
GREEN FINANCE, AGRICULTURAL CREDIT, AND CLIMATE CHANGE:
PRODUCER AWARENESS IN VERAGUAS, PANAMA
Nathaly Lilibeth Sánchez Jiménez
Panamá
DOI: https://doi.org/10.71112/jq877p98
1092 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
Financiamiento verde, crédito agrícola y cambio climático: conocimiento de los
productores de Veraguas, Panamá
Green finance, agricultural credit, and climate change: producer awareness in
Veraguas, Panama
Nathaly Lilibeth Sánchez Jiménez
a,*
nathaly-l.sanchez-j@up.ac.pa
https://orcid.org/0009-0001-8451-0854
*
Autor de correspondencia: nathaly-l.sanchez-j@up.ac.pa
a
Universidad de Panamá
Panamá
RESUMEN
El objetivo fue analizar las fuentes de financiamiento verde disponibles para el agro en Panamá
y determinar en qué medida los productores de Veraguas las conocen. Desde un paradigma
pragmático, se aplicó un diseño mixto convergente que integró una revisión integrativa de 22
fuentes con una encuesta autoadministrada a 30 productores de la provincia, contactados
mediante una cooperativa. Se identificó una oferta emergente pero fragmentada. Entre el 90 %
y el 93,3 % de los productores desconocía cada fuente (prueba binomial exacta, p < 0,001), y el
conocimiento se concentró en quienes habían solicitado crédito (3 de 6 frente a 0 de 24; prueba
exacta de Fisher, p = 0,005). El 96,7 % manifestó interés en conocerlas y disposición a adoptar
prácticas sostenibles. La disponibilidad de capital no equivale a acceso: la primera barrera es
informativa y antecede a la adopción de prácticas que podrían generar créditos de carbono.
Palabras clave: financiamiento verde; crédito agrícola; cambio climático; agricultura sostenible;
extensión agrícola; pequeños productores; créditos de carbono.
DOI: https://doi.org/10.71112/jq877p98
1093 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
ABSTRACT
This study aimed to analyze the green finance sources available to agricultural producers in
Panama and to determine the extent to which producers in Veraguas are aware of them. From a
pragmatic paradigm, a convergent mixed-methods design integrated an integrative review of 22
sources with a self-administered survey of 30 producers from several districts of the province,
contacted through a cooperative. An emerging but fragmented supply was identified. Between
90% and 93.3% of producers were unaware of each source (exact binomial test, p < 0.001), and
awareness was concentrated among those who had applied for credit (3 of 6 vs. 0 of 24;
Fisher’s exact test, p = 0.005). Overall, 96.7% expressed interest in learning about them and
willingness to adopt sustainable practices. Capital availability does not equal access: the first
barrier is informational and precedes the adoption of practices that could generate carbon
credits.
Keywords: green finance; agricultural credit; climate change; sustainable agriculture;
agricultural extension; smallholder farmers; carbon credits.
Recibido: 26 octubre 2026 | Aceptado: 10 noviembre 2026 | Publicado: 11 noviembre 2026
INTRODUCCIÓN
La transformación ambiental de la agricultura exige inversiones, como riego eficiente,
restauración de suelos o sistemas agroforestales, que rara vez pueden pagarse con el flujo de
una sola cosecha. El crédito convencional, con garantías líquidas y pagos que no responden al
ciclo biológico, agrava el problema. Al mismo tiempo, el cambio climático ya afecta la
productividad, la estabilidad de los ingresos y la seguridad alimentaria (Intergovernmental Panel
on Climate Change [IPCC], 2023), y en América Latina y el Caribe se documentaron efectos
adversos sobre la producción agrícola (Lachaud et al., 2022).
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El financiamiento verde surgió como mecanismo para vincular capital con resultados
ambientales verificables. Su carácter verde reside en el uso verificable de los fondos y la
medición de resultados, y las taxonomías aportan un lenguaje común entre productores,
bancos y reguladores (Schütze & Stede, 2024). Los estudios empíricos encontraron efectos
favorables de las finanzas verdes sobre el desarrollo agrícola (Tong et al., 2025), aunque en
contextos distintos al panameño, y la revisión bibliométrica de Khan et al. (2025) identificó
fragmentación conceptual y escasa integración entre modelos financieros y resultados
ambientales.
En los pequeños productores, la decisión de adaptarse al clima se asoció con la
educación, la información y los servicios de extensión (Ogundeji, 2022; Waaswa et al., 2024), y
las revisiones recientes sobre agricultura climáticamente inteligente confirmaron el peso del
acceso a extensión y a información en la adopción (Gemtou et al., 2024; Ma & Rahut, 2024).
Esta evidencia procede sobre todo de África, Asia y Europa, y no se identificaron
estudios que midieran el conocimiento de la oferta verde entre productores panameños.
Panamá ha desarrollado piezas relevantes para ordenar este mercado. La Taxonomía
de Finanzas Sostenibles definió actividades y criterios ambientales que incluyen agricultura,
ganadería y forestería (Superintendencia de Bancos de Panamá [SBP] et al., 2024), y el Marco
de Financiamiento Sostenible permitió movilizar recursos públicos mediante bonos y préstamos
temáticos (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2024). No obstante, la información
pública no permite saber si ese capital llega a la finca ni si los productores conocen su
existencia. La experiencia regional muestra que esa distancia es real: en Brasil, los recursos
del Programa ABC de agricultura baja en carbono se concentraron en determinadas regiones y
en los productores con mayores hatos (Gianetti & Ferreira Filho, 2021).
El financiamiento verde es, además, la puerta de entrada a los mercados de carbono.
Las prácticas que capturan carbono o reducen emisiones en la finca, como los sistemas
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silvopastoriles y agroforestales, la conservación de suelos o el manejo eficiente del agua,
exigen una inversión inicial que el productor debe cubrir años antes de que los créditos de
carbono se verifiquen y se vendan, y que además conlleva costos de medición, reporte y
verificación (Tang et al., 2016). Panamá avanza en este frente: el Ministerio de Ambiente
prepara un nuevo marco para el Sistema Nacional del Mercado de Carbono, que sustituiría al
Decreto Ejecutivo n.º 142 de 2021 y crearía la Bolsa Panameña del Carbono como plataforma
para la compraventa de certificados de mitigación (Ministerio de Ambiente [MiAmbiente], 2026).
Sin embargo, para que el productor llegue a generar créditos de carbono, primero debe
financiar la transición de su unidad productiva, y para ello debe conocer las líneas de
financiamiento verde disponibles.
Fundamentos teóricos
El estudio se apoya en tres referentes complementarios. El primero es la teoría de la
difusión de innovaciones de Rogers (2003), que concibe la adopción como un proceso de
decisión en cinco etapas (conocimiento, persuasión, decisión, implementación y confirmación) y
sitúa el conocimiento de la existencia de la innovación como condición previa de todas las
demás. Un instrumento de crédito verde es, para el productor, una innovación financiera: si no
sabe que existe, no puede evaluarlo ni solicitarlo. En este trabajo, las preguntas 3 a 6 del
cuestionario operacionalizan la etapa de conocimiento, y las preguntas 9 y 10 aproximan la
predisposición propia de la etapa de persuasión.
El segundo referente es la teoría de la información asimétrica. Akerlof (1970) mostró
que, cuando una de las partes de una transacción dispone de menos información que la otra, el
mercado puede funcionar de forma deficiente o no llegar a formarse. En el crédito rural la
asimetría suele analizarse desde el prestamista, que desconoce el riesgo del prestatario; este
estudio examina la asimetría inversa, la del productor que desconoce la oferta. En el Perú,
Quispe Mamani et al. (2024) atribuyeron buena parte de la exclusión financiera de los hogares
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a asimetrías de información y hallaron menor inclusión en las zonas rurales y entre los hogares
con menor educación.
El tercero es la concepción del acceso al financiamiento como un proceso por etapas.
Adegbite et al. (2021) propusieron medir la inclusión financiera de forma multidimensional, y
Missiame et al. (2022) distinguieron entre la exposición a un programa de crédito y su adopción
efectiva, de modo que la falta de exposición basta para excluir al productor. En este trabajo,
esa secuencia se extiende hasta los mercados de carbono: conocimiento de la oferta de
financiamiento verde, acceso al crédito, adopción de prácticas sostenibles, resultados de
mitigación verificables y, finalmente, generación de créditos de carbono. Cada eslabón
depende del anterior, por lo que el conocimiento del financiamiento verde constituye la
condición inicial de toda la cadena. Desde el punto de vista epistemológico, la investigación
adopta el paradigma pragmático, que privilegia la pregunta de investigación sobre la adhesión a
un único método y justifica combinar evidencia documental y de campo para comprender un
problema práctico (Creswell & Plano Clark, 2018).
En este contexto, el objetivo del estudio fue analizar las fuentes de financiamiento verde
disponibles para los productores agropecuarios de Panamá y determinar en qué medida los
productores de la provincia de Veraguas las conocen. Se plantearon dos preguntas: ¿qué
fuentes y condiciones configuran la oferta de financiamiento verde agrícola en el país? y ¿en
qué medida los productores conocen esa oferta y están dispuestos a utilizarla para adoptar
prácticas sostenibles? Se planteó como hipótesis general (Hi) que la mayoría de los
productores desconoce las fuentes de financiamiento verde, frente a la hipótesis nula (Ho) de
que quienes las desconocen no son mayoría. De forma exploratoria, se examinó además si el
conocimiento difería según la experiencia crediticia y el tipo de actividad productiva. El aporte
es contrastar la oferta institucional con evidencia de campo sobre la primera etapa del acceso:
el conocimiento del instrumento.
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METODOLOGÍA
El estudio, de carácter exploratorio y alcance descriptivo, siguió un diseño mixto
convergente (Creswell & Plano Clark, 2018) con dos componentes desarrollados en paralelo:
una revisión integrativa de la oferta de financiamiento verde agrícola, de naturaleza cualitativa,
y una encuesta a productores de Veraguas, de naturaleza cuantitativa. Ambos componentes se
integraron en la fase de interpretación mediante una tabla de presentación conjunta (joint
display), que vincula cada fuente identificada en la revisión con su nivel de conocimiento entre
los productores (Fetters et al., 2013). La investigación se desarrolló en la provincia de
Veraguas, en la región central de Panamá, con productores dedicados a actividades agrícolas,
pecuarias o mixtas.
Revisión documental
La búsqueda se ejecutó entre junio y julio de 2026 en Crossref, páginas de editoriales,
Google Académico y repositorios oficiales de Panamá, BID, CAF, CEPAL, IPCC y el Fondo
Monetario Internacional. Se combinaron en español e inglés términos como green finance,
agricultural credit, smallholder farmers y Panama, verificados en el Tesauro de la UNESCO
(UNESCO, 2026). Se incluyeron artículos revisados por pares con DOI publicados desde 2021
y documentos oficiales vigentes aplicables a Panamá. El corpus final estuvo compuesto por 22
fuentes (13 artículos científicos y 9 documentos institucionales y multilaterales), organizadas en
una matriz de análisis temático. Las demás obras de la lista de referencias corresponden a los
fundamentos teóricos, metodológicos y estadísticos, y a la literatura empleada en la discusión,
y no formaron parte del corpus analizado.
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Encuesta a productores de Veraguas
Se aplicó una encuesta autoadministrada a 30 productores agropecuarios de la
provincia de Veraguas entre agosto y septiembre de 2026. Los participantes se seleccionaron
mediante muestreo no probabilístico por conveniencia: el contacto se realizó a través de una
cooperativa agropecuaria de la provincia, que facilitó el acceso a productores de varios distritos
de Veraguas. Por razones de anonimato, no se identifica a la organización. De los 30
participantes, 18 se dedicaban principalmente a la actividad agrícola, 9 a la pecuaria y 3 a la
mixta. El cuestionario estructurado, de 10 preguntas cerradas, se respondió en línea mediante
Google Forms; en 10 casos se realizó, además, un seguimiento telefónico para aclarar dudas y
promover la participación. El cuestionario se organizó en tres bloques: perfil y experiencia
crediticia (preguntas 1 y 2), conocimiento y canales de información (3 a 8), e interés y
disposición (9 y 10). Las fuentes indagadas correspondieron a las identificadas en la revisión
documental.
La validez de contenido del instrumento se estableció mediante el método de Lawshe
(1975) modificado por Tristán-López (2008, como se citó en González Rosales et al., 2019),
con el juicio de siete especialistas: cinco profesionales del sector bancario, el director de una
fundación dedicada a la sostenibilidad y un ingeniero agrónomo, perfiles que cubren las
dimensiones financiera, ambiental y productiva del instrumento. Seis de los siete expertos
calificaron cada una de las 10 preguntas como esencial, por lo que todos los ítems obtuvieron
una razón de validez de contenido CVR′ = 0,857, superior al mínimo de 0,5823 propuesto por
Tristán-López (2008, como se citó en González Rosales et al., 2019), y el índice de validez de
contenido global fue CVI = 0,857. Se optó por preguntas dicotómicas porque el conocimiento
de cada fuente es una variable binaria y este formato reduce errores de comprensión en
cuestionarios autoadministrados dirigidos a población rural.
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La confiabilidad se estimó solo para el bloque de conocimiento (preguntas 3 a 6), único
conjunto de ítems que mide un mismo constructo, mediante el coeficiente KR-20, equivalente al
alfa de Cronbach en ítems dicotómicos. El resultado fue de 0,961 sobre las respuestas de los
30 productores. Este valor debe leerse con cautela, porque los ítems presentan muy baja
variabilidad (entre 2 y 3 respuestas afirmativas cada uno) y el coeficiente refleja sobre todo que
los mismos productores conocían varias fuentes a la vez. Las demás preguntas miden
aspectos distintos (perfil, experiencia, canales e interés) y no se integraron en una escala.
Para cada pregunta se calcularon frecuencias absolutas y relativas con intervalos de
confianza del 95 % por el método de Wilson (1927), adecuado para muestras pequeñas y
proporciones cercanas a 0 o a 1. La hipótesis se contrastó en cada pregunta de conocimiento
con una prueba binomial exacta unilateral frente a una proporción de 0,5 (α = 0,05), que no
depende de aproximaciones asintóticas. El conocimiento se resumió, además, en un indicador
dicotómico (conoce al menos una de las fuentes de las preguntas 3 a 6) y su asociación con la
experiencia crediticia y el tipo de actividad se evaluó con la prueba exacta de Fisher y su
extensión de Freeman-Halton para tablas de 3 × 2. Los cálculos se realizaron en Python con la
biblioteca SciPy (Virtanen et al., 2020). Al inicio del formulario se indicó que la participación era
voluntaria y que las respuestas se analizarían de forma anónima. El estudio no fue sometido a
un comité de ética por tratarse de una encuesta de riesgo mínimo, sin temas sensibles ni
intervención.
DOI: https://doi.org/10.71112/jq877p98
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RESULTADOS
Oferta de financiamiento verde para productores agropecuarios
La revisión documental identificó una arquitectura emergente de financiamiento
sostenible, con vías de acceso muy distintas para el productor (Tabla 1). La taxonomía y el
marco soberano ordenaron la movilización del capital, pero por sí solos no establecieron tasa,
monto, garantía ni ventanilla (SBP et al., 2024; MEF, 2024).
El Programa de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Banco de Desarrollo
Agropecuario fue la fuente más explícitamente verde y de acceso directo, con líneas para agua,
energía, suelos, reforestación y asistencia técnica, y requisitos publicados (Banco de Desarrollo
Agropecuario [BDA], s. f.). El BDA mantuvo también programas generales de crédito agrícola
(BDA, 2026), y Ruralfin de Microserfin ofreció una ruta de microcrédito con capacitación,
aunque sin una metodología ambiental pública (Microserfin, 2026). Otras fuentes operaron de
forma intermediada o programática: el proyecto PN-L1166 (Banco Interamericano de Desarrollo
[BID], 2021) y la línea de CAF canalizada por el Banco Nacional de Panamá (CAF, 2025).
Ninguna ventanilla compara tasa, plazo, garantía y asistencia, lo que anticipaba una
barrera informativa antes que financiera.
Tabla 1.
Fuentes de financiamiento verde disponibles para productores agropecuarios en Panamá
Fuente
Tipo de acceso
Usos sostenibles potenciales
Programa de Adaptación y
Mitigación al Cambio
Climático (BDA)
Directo, sujeto a
evaluación
Agua, energía, residuos, suelos,
reforestación y asistencia técnica.
Crédito agrícola general
(BDA)
Directo
Transición productiva si el plan separa usos
elegibles.
Ruralfin (Microserfin)
Microfinanciero
directo
Tecnología y capital de trabajo vinculados
con prácticas sostenibles.
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1101 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
Proyecto PN-L1166 (BID)
Programático,
mediante ejecución
pública
Innovación, resiliencia, acceso a mercados y
digitalización.
Línea CAF–Banco
Nacional de Panamá
Intermediado
Liquidez para agro y pymes; verde si el
subpréstamo cumple criterios.
Nota. Elaboración propia con base en BDA (s. f., 2026), BID (2021), CAF (2025) y
Microserfin (2026). BDA = Banco de Desarrollo Agropecuario; BID = Banco Interamericano de
Desarrollo.
Conocimiento de las fuentes por parte de los productores de Veraguas
La encuesta a los 30 productores de Veraguas mostró que la oferta identificada no llegó
a la finca como información utilizable. El 90 % (27; IC 95 %: 74,4–96,5) no conocía el concepto
de financiamiento verde; el 93,3 % (28; IC 95 %: 78,7–98,2) desconocía el programa de
adaptación y mitigación del BDA y, en la misma proporción, las líneas de crédito sostenible de
bancos y microfinancieras, y el 90 % (27; IC 95 %: 74,4–96,5), los programas de organismos
internacionales (Tabla 2 y Figura 1). La prueba binomial exacta rechazó la hipótesis nula en las
cuatro preguntas (p < 0,001 en todos los casos), y en ninguna el límite inferior del intervalo de
confianza se acercó al 50 %, lo que confirma que el desconocimiento es mayoritario. Además,
el 80 % (24) no había solicitado crédito en los últimos cinco años, ninguno había recibido
capacitación o asistencia técnica (IC 95 %: 0–11,4) y el 96,7 % (29) recibía información a través
del MIDA o sus extensionistas; ninguno señaló a la cooperativa como canal de información
sobre financiamiento.
Al mismo tiempo, el 96,7 % (29; IC 95 %: 83,3–99,4) expresó interés en recibir
información sobre estas fuentes, y el mismo porcentaje manifestó disposición a aplicar métodos
de producción más sostenibles si contara con financiamiento y asistencia (Figura 1). La brecha,
por tanto, no se originó en un rechazo declarado a la transición, sino en la ausencia de canales
que conectaran la oferta financiera con la unidad productiva.
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1102 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
Tabla 2.
Cuestionario y resultados de la encuesta a productores de Veraguas
N.°
Pregunta
Opciones de respuesta
Resultado (n = 30)
1
¿Cuál es su principal actividad
productiva?
Agrícola; pecuaria; mixta;
otra
Agrícola: 60 % (18);
pecuaria: 30 % (9);
mixta: 10 % (3)
2
¿Ha solicitado algún crédito para su
actividad en los últimos cinco años?
Sí; no
Sí: 20 % (6); no: 80 %
(24)
3
¿Conoce qué es el financiamiento
verde o el crédito para prácticas
sostenibles?
Sí; no
No conoce: 90 % (27);
conoce: 10 % (3)
4
¿Conoce el Programa de
Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático del BDA?
Sí; no
No conoce: 93,3 % (28);
conoce: 6,7 % (2)
5
¿Conoce líneas de crédito para
prácticas sostenibles en bancos o
microfinancieras (por ejemplo,
Banco Nacional o Microserfin)?
Sí; no
No conoce: 93,3 % (28);
conoce: 6,7 % (2)
6
¿Conoce programas de organismos
internacionales para el agro (por
ejemplo, BID, CAF, FAO o Fondo
Verde para el Clima)?
Sí; no
No conoce: 90 % (27);
conoce: 10 % (3)
7
¿Por qué medio suele recibir
información sobre financiamiento?
MIDA o extensionista;
banco; cooperativa o
asociación; vecinos;
radio o redes; ninguno
MIDA o extensionista:
96,7 % (29); banco: 3,3
% (1)
8
¿Ha recibido capacitación o
asistencia técnica sobre prácticas
sostenibles o financiamiento?
Sí; no
Sí: 0 % (0); no: 100 %
(30)
9
¿Le interesaría recibir información
sobre fuentes de financiamiento
verde?
Sí; no
Sí: 96,7 % (29); no: 3,3
% (1)
10
¿Estaría dispuesto a aplicar
métodos más sostenibles (cosecha
de agua, riego eficiente,
conservación de suelos, sistemas
Sí; no
Sí: 96,7 % (29); no: 3,3
% (1)
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1103 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
agroforestales) si contara con
financiamiento y asistencia?
Nota. Elaboración propia a partir de la encuesta autoadministrada mediante Google
Forms a productores agropecuarios de la provincia de Veraguas (n = 30), realizada entre
agosto y septiembre de 2026. Los porcentajes se calculan sobre el total de productores
encuestados; entre paréntesis se indica la frecuencia absoluta. MIDA = Ministerio de Desarrollo
Agropecuario.
Figura 1
Proporción de respuestas afirmativas e intervalos de confianza del 95 %
Nota. Elaboración propia con datos de la encuesta (n = 30). Los puntos indican la
proporción observada y las líneas horizontales, el intervalo de confianza del 95 % calculado por
el método de Wilson. La línea discontinua marca el 50 %, valor de referencia de la hipótesis
nula.
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1104 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
Conocimiento según experiencia crediticia y tipo de actividad
Solo 3 productores (10 %) conocían al menos una de las fuentes indagadas; dos de
ellos conocían las tres fuentes específicas y el tercero, una. El conocimiento se concentró en
quienes habían solicitado crédito en los últimos cinco años: lo tenía la mitad de los solicitantes
(3 de 6) y ninguno de los 24 no solicitantes, diferencia significativa según la prueba exacta de
Fisher (p = 0,005). Por tipo de actividad, la proporción fue mayor entre los productores
pecuarios (2 de 9) que entre los agrícolas (1 de 18) y los mixtos (0 de 3), pero la diferencia no
fue significativa (prueba de Freeman-Halton, p = 0,460), algo esperable con frecuencias tan
bajas (Tabla 3).
Tabla 3.
Conocimiento de al menos una fuente de financiamiento verde según experiencia crediticia y
actividad
Variable
n
Conoce al menos
una fuente
%
p
Solicitó crédito en los últimos cinco
años
0,005ᵃ
Sí
6
3
50,0
No
24
0
0,0
Actividad principal
0,460ᵇ
Agrícola
18
1
5,6
Pecuaria
9
2
22,2
Mixta
3
0
0,0
Total
30
3
10,0
Nota. Elaboración propia con datos de la encuesta (n = 30). Se considera que el
productor conoce al menos una fuente si respondió afirmativamente a alguna de las preguntas
3 a 6. ᵃ Prueba exacta de Fisher, bilateral. ᵇ Prueba exacta de Freeman-Halton.
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1105 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
Integración de los resultados documentales y de campo
La Tabla 4 presenta la integración de ambos componentes. Cada fuente identificada en
la revisión documental se contrasta con su nivel de conocimiento entre los productores, y de
esa comparación se deriva una metainferencia. El patrón es convergente: cuanto más
intermediada o programática es la fuente, más depende de una relación previa con el sistema
financiero para que el productor la conozca.
Tabla 4.
Presentación conjunta de la oferta documentada y el conocimiento de los productores
Fuente o componente
de la oferta
Pregunta
Conoce, % (IC
95 %)
Metainferencia
Taxonomía y Marco de
Financiamiento
Sostenible (concepto de
financiamiento verde).
P3
10,0 (3,5–25,6)
El marco ordena el capital, pero
el concepto no se ha traducido
en un lenguaje accesible para el
productor.
Programa de Adaptación
y Mitigación al Cambio
Climático (BDA)
P4
6,7 (1,8–21,3)
Es la ruta más directa y financia
las prácticas que los productores
dicen querer adoptar, pero es
casi desconocida.
Líneas de bancos y
microfinancieras (Banco
Nacional–CAF, Ruralfin)
P5
6,7 (1,8–21,3)
Su conocimiento se limita a
productores con relación
crediticia previa.
Programas multilaterales
(BID PN-L1166, CAF,
FAO, Fondo Verde para
el Clima)
P6
10,0 (3,5–25,6)
Al operar por medio de entidades
públicas, resultan invisibles para
el productor.
Nota. Elaboración propia con base en la Tabla 1 y en los datos de la encuesta (n = 30).
IC 95 % = intervalo de confianza del 95 % calculado por el método de Wilson.
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1106 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
DISCUSIÓN
Los resultados indican que, en Veraguas, la cadena de acceso al financiamiento verde
se interrumpe en su primer eslabón. Missiame et al. (2022) distinguen entre exposición y
adopción de programas de crédito rural; nueve de cada diez productores encuestados no llegan
siquiera a la etapa de exposición. Así, las barreras de garantías, costos o riesgo que destaca la
literatura ni siquiera llegan a enfrentarse, porque los productores desconocen la oferta. Este
hallazgo coincide con la evidencia de que el conocimiento de los productos financieros
depende de la educación financiera: en Madagascar, los productores con educación financiera
tuvieron mayor probabilidad de conocer el crédito digital (Sarfo et al., 2023), y en Nigeria la
educación financiera predijo el acceso de los pequeños productores al crédito (Imhanrenialena
et al., 2024).
En términos de la teoría de la difusión de innovaciones, la mayoría de los productores
no ha ingresado a la etapa de conocimiento (Rogers, 2003), y el problema se ajusta a una
asimetría de información del lado de la demanda: no es el banco el que ignora al productor,
sino el productor el que ignora la oferta (Akerlof, 1970; Quispe Mamani et al., 2024). La
asociación entre conocimiento y experiencia crediticia refuerza esta lectura. Los únicos
productores que conocían alguna fuente habían solicitado crédito, lo que sugiere que la
información sobre el financiamiento verde circula a través de la relación con la entidad
financiera y no por los canales de extensión. El diseño transversal no permite establecer la
dirección de esta relación, ya que también es posible que quienes estaban mejor informados
fueran los que se decidieran a solicitar crédito, pero en ambos casos el productor sin historial
crediticio queda fuera de la información.
Las prácticas que los productores estarían dispuestos a adoptar (cosecha de agua,
riego eficiente, conservación de suelos y sistemas agroforestales) coinciden con las líneas
elegibles del programa de adaptación y mitigación del BDA (Tabla 1). Esto indica que la oferta
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existente ya responde a necesidades productivas concretas de la finca y que el obstáculo se
ubica en su difusión. La adopción de estas prácticas tiene, además, beneficios documentados
en la región: en Colombia, Guatemala y Honduras, los productores que adoptaron agricultura
climáticamente inteligente presentaron menor vulnerabilidad de sus medios de vida (Martinez-
Baron et al., 2024). La experiencia brasileña muestra, además, que el crédito rural puede
alinearse con objetivos ambientales: el condicionamiento del crédito al cumplimiento ambiental
se asoció con una reducción de la deforestación en la Amazonía (Assunção et al., 2020). Sin
embargo, el Programa ABC concentró sus recursos en las regiones y los productores con
mayor capacidad (Gianetti & Ferreira Filho, 2021), un riesgo que Panamá debería prevenir si la
información sobre su oferta verde sigue circulando solo entre quienes ya son clientes del
sistema financiero.
El interés manifestado por los productores coincide con la evidencia de que la
información, la educación y la extensión determinan la adopción de prácticas de adaptación
(Ogundeji, 2022; Waaswa et al., 2024). En su revisión sistemática, Gemtou et al. (2024)
identificaron los servicios de extensión y asesoría como el factor de apoyo más consistente y el
acceso a información como un factor positivo en la mayoría de los estudios. Ngo et al. (2026) y
Siankwilimba et al. (2025) también identifican las capacidades, el apoyo institucional y la
coordinación como habilitadores de las finanzas climáticas, y en Colombia, Coronel Robles et
al. (2025) señalaron la falta de capacitación como barrera para que los pequeños agricultores
adopten tecnologías sostenibles. En consecuencia, la divulgación territorial y la asistencia
técnica aparecen como intervenciones de bajo costo relativo y alto potencial.
Sannou et al. (2025) relacionan las organizaciones de productores con el acceso a
financiamiento sostenible, porque la agregación reduce costos de evaluación y facilita la
asistencia, y Ma y Rahut (2024) reportan que el acceso a extensión y la pertenencia a grupos
de productores favorecen de forma consistente la adopción, mientras que el efecto del crédito
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1108 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
es mixto. Para Veraguas, el MIDA fue casi el único canal de información (96,7 %), pero no
transmitió la oferta de financiamiento verde, y ningún productor identificó a la cooperativa como
fuente de información financiera, pese a que fue el medio por el que se les contactó. Las
organizaciones de productores existen, pero todavía no cumplen la función de intermediación
informativa que les atribuye la literatura; conviene incorporarla a su labor de extensión, junto
con el BDA y las cooperativas, y combinar crédito con subvenciones, garantías y seguros, que
corrigen fallas distintas (Kurdyś-Kujawska et al., 2025).
Estos resultados tienen implicaciones directas para el desarrollo de los mercados de
carbono agrícolas en Panamá. Las prácticas que el 96,7 % de los productores estaría
dispuesto a adoptar, como los sistemas agroforestales, la conservación de suelos y la cosecha
de agua, son precisamente las que pueden generar remociones o reducciones de emisiones
susceptibles de certificarse. Sin embargo, si nueve de cada diez productores desconocen el
financiamiento verde, difícilmente podrán financiar esa transición ni, en consecuencia, generar
resultados de mitigación verificables. La literatura internacional muestra, además, que incluso
los agricultores con mayor información perciben los mercados de carbono como complejos,
burocráticos e impredecibles (Barbato & Strong, 2023), y que sus expectativas no siempre
coinciden con las exigencias del mercado (Phelan et al., 2024). Si la barrera informativa ya es
mayoritaria en el crédito verde, cabe esperar que sea aún mayor en los mercados de carbono.
En consecuencia, el financiamiento verde puede cumplir una función de puente: el
crédito permite realizar la inversión inicial en prácticas sostenibles, y los ingresos futuros por la
venta de créditos de carbono podrían contribuir a su repago. Para que esa articulación
funcione, la entrada en operación de la Bolsa Panameña del Carbono (MiAmbiente, 2026)
debería acompañarse de una estrategia de divulgación que integre, en un mismo mensaje para
el productor, las líneas de financiamiento verde, la asistencia técnica y las reglas de acceso al
mercado de carbono.
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1109 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
A escala regional, los flujos de financiamiento climático no siempre alcanzan a la unidad
productiva (Chiriac et al., 2023) y pueden responder más a prioridades del capital internacional
que a una estrategia productiva (Bona, 2024); este estudio ofrece una explicación concreta de
esa distancia en Panamá.
Limitaciones del estudio
Este estudio tiene carácter exploratorio. El tamaño reducido de la muestra (n = 30) y el
muestreo por conveniencia impiden generalizar los resultados al conjunto de productores de
Veraguas o del país, y los intervalos de confianza obtenidos son amplios. Los participantes se
contactaron mediante una cooperativa y respondieron en línea, lo que pudo favorecer a
productores organizados, con acceso a internet y con mayor contacto institucional. Este sesgo,
sin embargo, tendería a sobrestimar el conocimiento, por lo que el nivel de desconocimiento
observado puede considerarse una estimación conservadora.
Las preguntas 3 a 6 miden el conocimiento declarado de la existencia de cada fuente y
no el conocimiento funcional de sus condiciones, requisitos o procedimientos, que
probablemente sería aún menor. A la inversa, el interés y la disposición expresados en las
preguntas 9 y 10 pueden estar sobrestimados por el sesgo de deseabilidad social, frecuente
cuando la respuesta socialmente aceptada es evidente (Krumpal, 2013), y una intención
declarada no equivale a una demanda efectiva de crédito. Las comparaciones por subgrupo se
basan en frecuencias muy bajas y tienen escasa potencia estadística, y no se entrevistó a
oficiales de crédito ni a funcionarios de las entidades oferentes. Futuros estudios deben
emplear muestras probabilísticas estratificadas por distrito, escalas de grado de conocimiento
con preguntas de verificación, medidas de disposición a pagar y entrevistas a los actores de la
oferta financiera.
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1110 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
CONCLUSIONES
Panamá cuenta con una arquitectura incipiente para financiar la transición ambiental de
la agricultura, en la que el BDA ofrece la ruta directa más explícita y el microcrédito y los
recursos multilaterales amplían el alcance. Sin embargo, la disponibilidad de recursos no
equivale a acceso.
En Veraguas, la ruptura ocurre desde el primer eslabón: nueve de cada diez
productores encuestados desconocen las fuentes disponibles, aunque casi todos manifiestan
interés en conocerlas y en aplicar métodos más sostenibles. El principal aporte del estudio es
mostrar que, antes que las garantías o las tasas, la barrera que enfrenta el productor es
informativa, y que la poca información existente circula entre quienes ya tienen relación con el
sistema crediticio.
Esta barrera informativa tiene consecuencias que van más allá del crédito. Como la
generación de créditos de carbono en la agricultura exige financiar primero la adopción de
prácticas sostenibles, el desconocimiento del financiamiento verde excluye al productor, desde
el inicio, de los futuros beneficios del mercado de carbono panameño.
Se recomienda priorizar una ventanilla integrada y comparativa, con presencia territorial
a través del MIDA, el BDA y las cooperativas, acompañada de educación financiera y de
servicios de extensión y preinversión que conviertan el interés del productor en proyectos
financiables y, en una etapa posterior, en proyectos capaces de generar créditos de carbono.
Agradecimientos
La autora agradece a la cooperativa que facilitó el contacto con los productores, a los
productores que respondieron la encuesta y a los especialistas que validaron el instrumento.
Este artículo se deriva de la investigación doctoral de la autora en el Doctorado en Ciencias
Empresariales de la Universidad de Panamá.
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1111 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
Declaración de conflicto de interés
La autora declara no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta
investigación.
Declaración de contribución a la autoría
Nathaly Lilibeth Sánchez Jiménez: conceptualización, curación de datos, análisis formal,
investigación, metodología, visualización, redacción del borrador original, revisión y edición de
la redacción.
Declaración de uso de inteligencia artificial
La autora declara que utilizó inteligencia artificial generativa como apoyo en la
organización de información, la revisión lingüística y el formato del manuscrito, y que esta
herramienta no sustituye la tarea ni el proceso intelectual. La selección de fuentes, los datos, el
análisis, la interpretación y la versión final son responsabilidad de la autora.
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